Por Cynthia Andino El ministro de Salud Julio Mazzoleni solicitó hace unos días al Congreso modificaciones a la Ley de Vacunas para que, entre otros, se incorpore la cláusula de “indemnidad patrimonial”, eso es inmunidad total a los laboratorios por los potenciales daños a los paraguayos en el caso de reacciones adversas de sus […]
El ministro de Salud Julio Mazzoleni solicitó hace unos días al Congreso modificaciones a la Ley de Vacunas para que, entre otros, se incorpore la cláusula de “indemnidad patrimonial”, eso es inmunidad total a los laboratorios por los potenciales daños a los paraguayos en el caso de reacciones adversas de sus vacunas, para seguir con las negociaciones de aprovisionamiento de las vacunas (en diciembre de 2020 ya se realizaron otras reformas a dicha Ley).
Uno de los motivos es que la vacuna en cuestión no ha cumplido con todas las fases de estudio y ensayos clínicos, consecuencia de ello, la velocidad de la creación podría aumentar los riesgos de reacciones adversas o de efectos secundarios en el corto, mediano y largo plazo. Algunas vacunas aun no cuentan con certificación internacional, pero ya se están aplicando sin haber pasado por auditoría médica.
Si se llegase a aprobar esta cláusula de indemnidad patrimonial se estarían defendiendo los intereses de particulares (laboratorios), los cuales, no pueden estar encima de la salud pública. El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los intereses de la población y cumplir el Artículo 68 de la Constitución Nacional (CN) del “Derecho a la Salud”, por ello no debe existir exención de responsabilidad para los laboratorios, quienes deben responsabilizarse al 100% de la eficacia, efectos y seguridad de sus vacunas. Si insisten en mantener esta cláusula se presumiría que las vacunas no...
El Ministerio de Salud es jurídicamente responsable de la autorización de comercialización de las vacunas y del control de calidad de las mismas según el Artículo 72 de la CN. Por tanto, esta cartera de Estado debe exigir que los laboratorios cuenten con la aprobación regulatoria pertinente. Así como también, se debe proveer al público la información del principio activo y de los elementos que conforman el medicamento (vacuna) y los efectos secundarios que podrían producir. Así lo estipula la Ley N° 1.334 de Defensa del Consumidor y del Usuario (LDCU), en el capítulo VII Protección a la...
Leer la nota completa en El Nacional
