La aplicación unilateral del Decreto 612/86 por parte del Ejecutivo argentino constituye una disposición arbitraria, por fuera del marco jurídico que rige a la empresa hidroeléctrica de Yacyretá, afirma el Ing. Germán Escauriza. Añade que las autoridades paraguayas son cómplices al permitir este atropello.
De “barbaridad administrativa”, calificó Escauriza el manejo que se tiene en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la cual es perpetrada con la complicidad del representante del canciller Eladio Loizaga en el Consejo de Administración, así como de las autoridades superiores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Fiscalía General del Estado, explicó.
Esto se puede comprobar en la inacción de nuestras autoridades en la entidad binacional ante las resoluciones antijurídicas que son aplicadas incluso con la connivencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, añadió el integrante de la ex Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH).
La aplicación del Decreto 612/86 como fuente de financiamiento de la EBY fue realizada de forma unilateral por Argentina, en la que nuestro país no tuvo participación en el manejo de esos fondos, ya que no fue firmado el contrato correspondiente entre el Gobierno argentino y la Entidad Binacional Yacyretá a través de sus organismos correspondientes, procedimiento que sí se respetó para la utilización de los recursos que fueron suministrados a través del Decreto 3450/79.
Según el Ing. Escauriza, el presidente de la República, Horacio Cartes Jara, debería tomar con más seriedad el cumplimiento del Tratado de Yacyretá y la Carta Orgánica de la Central Hidroeléctrica, para evitar que siga sumida en este caos administrativo y jurídico. “El Tratado de Yacyretá y sus Anexos integran el derecho positivo paraguayo y el Presidente, al asumir el cargo, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la república”, destacó.
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