El juez Osmar Legal autorizó la extracción de datos de 10 aparatos electrónicos en el marco de la causa a Christian Martín Sánchez Servín, detenido en el Aeropuerto Silvio Pettirossi cuando pretendía llevar cocaína impregnada en sus prendas hasta Madrid, España. En total la carga totalizó 12 kilos. Dicha diligencia fue solicitada por el fiscal […]
El juez Osmar Legal autorizó la extracción de datos de 10 aparatos electrónicos en el marco de la causa a Christian Martín Sánchez Servín, detenido en el Aeropuerto Silvio Pettirossi cuando pretendía llevar cocaína impregnada en sus prendas hasta Madrid, España. En total la carga totalizó 12 kilos.
Dicha diligencia fue solicitada por el fiscal Alejandro Cardozo, en virtud a que los aparatos celulares, las tarjetas SIM, tarjeta de memorias y otros aparatos electrónicos incautados, podrían contener en su interior información y datos importantes para esta investigación (mensajes de textos, mensajes de voz, agenda telefónicas, imágenes) ya que el hoy imputado se había comunicado con otras personas que formaron parte de la logística a fin de realizar el hecho punible investigado y se podrían haber guardado información sobre los procedimientos previos a la detención del mismo.
Así lo entiende a su vez el Juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, quien avala la obtención de esas informaciones (elementos de convicción) que “constituye una de las facetas útiles dentro del éxito en una investigación penal, ya que con ella se confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, y se llega a la verdad material, garantizándose la autenticidad e integridad de la información, manteniendo una estricta cadena de custodia de los datos extraídos, para que en su caso, puedan ser utilizadas posteriormente ante un Tribunal de mérito.”
“A criterio de esta Magistratura resulta ajustado a derecho hacer lugar a la autorización de la extracción y análisis de datos en el sentido de obtener información de las evidencias incautadas e individualizadas precedentemente y que guarden estricta relación con el hecho punible investigado, ello atendiendo a que si bien el derecho consagrado en la Constitución Nacional a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada es un derecho que goza todo ciudadano.”
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