A seis años de la mañana en la que 11 campesinos y 6 policías murieron en un procedimiento de desalojo en las tierras conocidas como Marina Cué, en Curuguaty, el reclamo de organizaciones civiles y campesinas persiste: justicia. Uno de los puntos más cuestionados por la defensa es que el proceso judicial se centró en la muerte de los seis policías y hasta ahora la Fiscalía no esclareció cómo murieron los campesinos. Raúl Caballero, uno de los abogados de la defensa, señaló que la Sala Penal que debe estudiar la casación está integrada por los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón, ambos del fuero penal.
A seis años de la mañana en la que 11 campesinos y 6 policías murieron en un procedimiento de desalojo en las tierras conocidas como Marina Cué, en Curuguaty, el reclamo de organizaciones civiles y campesinas persiste: justicia.
Para los familiares de las víctimas campesinas de la matanza, esto significa no solo anular las condenas dictadas a 11 ocupantes de estas tierras, sino también que el Estado entregue el inmueble a las familias que lo ocupan y que se investiguen las circunstancias en las que murieron los once campesinos aquel 15 de junio de 2012.
Actualmente, está pendiente un recurso de casación presentado por la defensa de los condenados con el fin de anular la sentencia dictada en el juicio oral y público
en el que fueron encontrados culpables de delitos como homicidio doloso consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
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