En 2013, el Congreso aprobó un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de un metrobús que, por decisión posterior, sería movido a combustible en un país con dos hidroeléctricas generadoras de energía. El desgraciado proyecto, que tuvo un sobrecosto del 34%, terminó siendo un rotundo fracaso y uno de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas, sin que hasta hoy nadie haya sido declarado penal y civilmente responsable de los gravísimos daños causados al erario y a cientos de comerciantes fernandinos y sanlorenzanos de la ruta Mariscal Estigarribia. El Estado perdió los 30 millones de dólares abonados a la firma portuguesa Mota-Engil, suma a la que podrían agregarse los 35 millones de dólares reclamados por ella ante una instancia arbitral, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) rescindiera el lesivo contrato en 2020, habiendo sido ejecutado solo en un 30%. Los frentistas tuvieron que abandonar sus negocios, afectados por las obras civiles, sin que hasta la fecha hayan sido indemnizados, como corresponde en derecho.
Culpables del fallido metrobús deben recibir castigo ejemplar y reparar daños
Hace tres años, tanto una Comisión Bicameral de Investigación como la Contraloría General de la República (CGR) formularon serias objeciones al ruinoso proyecto: esta última señaló, entre otras cosas, que el MOPC pagó 29 millones de dólares por obras que violaban las especificaciones técnicas. Ya el 28 de mayo de 2018, el Ing. Hermann Pankow había denunciado por lesión de confianza, entre otros delitos, al ministro competente Ramón Jiménez Gaona, a la viceministra de Finanzas Marta Benítez, al gerente del proyecto Guillermo Alcaraz, al jefe de Gabinete ministerial Esteban Sarubbi y al...
Es un tibio consuelo para el sentido de justicia que finalmente hayan sido imputados al menos Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, por el hecho punible de lesión de confianza y sin perjuicio de que se agreguen otras conductas penales. Entre las ilicitudes referidas, el exministro habría permitido el inicio de las obras en 2017, sin haberse liberado la franja de dominio ni existir un diseño final de ingeniería, “el único documento válido para construir”, llegándose a pagar a la contratista por obras inútiles que ignoraban las especificaciones contractuales; al exgerente...
Se espera que el Ministerio Público sea mucho más diligente que otrora, entregando las pruebas incriminatorias en tiempo y forma; por de pronto, dispondría de no menos de doce “elementos de sospecha”, estando pendientes una pericia de obras y otra contable, así como testimonios de auditores de la CGR, entre otras diligencias que demandarían seis meses para el requerimiento conclusivo contra cada imputado. Pasaron casi cinco años desde la presentación de la denuncia, pero el Ministerio Público necesita aún más tiempo, lo que induce a preguntarse por qué nadie se había ocupado de ella: quizá...
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