Asimismo, las partes impulsarán la consolidación de los procesos de formación y sensibilización dirigidos a magistrados, funcionarios y servidores judiciales, mediante acciones como la concreción de la Diplomatura en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y otras actividades de capacitación especializadas, promoviendo una atención basada en los estándares nacionales e internacionales de protección integral. La implementación, coordinación y seguimiento de las acciones previstas en el convenio estarán a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, que articulará su ejecución con Plan International Paraguay y las demás dependencias involucradas, a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos y la sostenibilidad de las iniciativas desarrolladas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, suscribió este 4 de agosto un convenio de cooperación interinstitucional con la organización sin fines de lucro Plan International Paraguay, representada por Noelia Errecarte. Acompañaron el acto el vicepresidente primero, doctor Luis María Benítez Riera, y la directora de la Dirección de Derechos Humanos de la máxima instancia judicial, abogada Nury Montiel. El documento tiene como propósito garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El motivo principal de esta alianza es articular mecanismos de cooperación que permitan profundizar la defensa, promoción y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito judicial, orientando los procedimientos hacia un enfoque integralmente protector y de restitución de derechos.
El convenio también consolida el compromiso de ambas instituciones con la continuidad y el fortalecimiento de iniciativas conjuntas orientadas a mejorar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas se encuentra la ampliación progresiva de los Espacios Amigables, con el fin de ofrecer entornos adecuados y protectores durante su permanencia en el sistema de justicia.
Asimismo, las partes impulsarán la consolidación de los procesos de formación y sensibilización dirigidos a magistrados, funcionarios y servidores judiciales, mediante acciones como la concreción de la Diplomatura en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y otras actividades de capacitación especializadas, promoviendo una atención basada en los estándares nacionales e internacionales de protección integral.
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