CAACUPÉ (De nuestra redacción regional). En una audiencia pública sobre la implementación de la Ley 5219/14 “De Alimentación escolar y control sanitario” en la Gobernación de Cordillera se produjo un cruce de acusaciones de la senadora Blanca Ovelar e intendentes de Cordillera. La legisladora dijo que los jefes comunales incurren en sobrefacturación, baja calidad y falta de continuidad en la compra y entrega de almuerzo y merienda escolares.
Ovelar indicó además que en el rubro que más se roba es en la alimentación escolar porque es más difícil de comprobar.
Dichas expresiones molestaron sobremanera a catorce de los 20 intendentes presentes, quienes se levantaron y pasaron al escenario. El intendente de esta ciudad, Diego Riveros (PLRA), ofició de portavoz y se dirigió a los senadores diciéndoles que no tienen el derecho a tratarlos así porque, en primer lugar, no tienen autoridad moral (también estaban los senadores Gilberto Apuril, Esperanza Martínez, Amado Florentín y Pedro Santacruz, además del diputado Carlos María López) y porque entre los jefes comunales de Cordillera no hay nuevos ricos, sino gente que se sacrifica por cumplir con la...
Asimismo, los intendentes y el gobernador Hugo Fleitas (PLRA) exigieron más recursos y menos burocracia para alimentar a escolares de Cordillera. Los jefes comunales manifestaron que es imposible alimentar a más de 4.500 escolares con un presupuesto de G. 25.000 millones al año, de los cuales G. 6.000 millones son de la Gobernación y G. 19.000 millones de los 20 municipios. Ese dinero no alcanza para cubrir ni el 30% de lo necesario, dijeron.
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