La falta de carburantes en la Municipalidad de Villarrica tiene en jaque a los servicios básicos, y el conflicto político entre el intendente Magín Benítez y la bancada colorada de la Junta Municipal se agrava. A la par que un grupo de ediles denuncia falta de transparencia, un informe de la CGR revela que en 2022 se pagaron más de G. 250 millones por combustibles sin respaldo documental.
Crisis del combustible en Villarrica fue exacerbada por observaciones de la CGR
La comuna de atraviesa una crisis de combustible que ha paralizado el parque automotor de la Municipalidad, afectando los trabajos de limpieza y obras viales. Detrás de esta emergencia se encuentra un llamativo historial de manejo irregular de fondos destinados a la compra de carburantes.
El detonante de la crisis fue la negativa de la Junta Municipal a la renovación de un convenio con la estatal Petropar, alegando falta de transparencia y manejo turbio de los fondos destinados para este fin. La bancada de la ANR, que es mayoría en el cuerpo colegiado, frenó al intendente Magín Benítez en su intención de renovar del contrato que representa una vía para la adquisición de combustible sin necesidad de un llamado a licitación.
Los ediles insistieron en que el jefe comunal nunca entregó los documentos que garanticen la utilización transparente de los fondos y esta situación fue exacerbada por un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que la Municipalidad de Villarrica no presentó documentación respaldatoria por más de G. 253 millones en concepto de combustible durante el ejercicio fiscal 2022.
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