La mujer que fue asesinada ayer a manos de sicarios había denunciado que mafiosos dedicados al contrabando y ordeñe de combustible en Pilar gozaban de la protección de varias instituciones públicas, indicó una de los fiscales del caso, Ana Luz Franco.
“Llegó al hospital ya sin signos de vida. Tenía 13 impactos de bala, misma cantidad de vainillas servidas que encontramos en el lugar”, señaló Franco en contacto con La Unión, indicando que tanto Celsa Chávez como su pareja, Víctor Sotelo, se dedicaban al negocio ilegal del ordeñe y contrabando de combustible, pero que lo habían abandonado para posteriormente realizar denuncias sobre ello. “Habían argumentado que ya no tenían ‘capital’ para seguir ‘trabajando’ en esa actividad. Luego, por una serie de situaciones, venían recibiendo amenazas”, agregó.
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Mencionó que la denuncia de Chávez hecha a través de medios de prensa incluyó que los contrabandistas gozaban de la protección de la Prefectura Naval, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
Aunque en el ataque de marzo pasado las víctimas habían presentado una denuncia, no pudieron identificar a los autores debido a que estos llevaban cascos a bordo de una motocicleta. “En ese entonces habíamos iniciado investigaciones, revisando cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del hecho. Así encontramos elementos para solicitar el allanamiento de una vivienda, donde fue encontrada el arma con que se realizó el ataque. Al joven que era dueño de la casa lo habíamos procesado”, recordó la fiscal.
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