En estos días se definiría la integración de los miembros al Equipo Conjunto de Investigación (ECI), cuya constitución fue aceptada por la Fiscalía de Colombia a pedido de la de Paraguay para investigar el crimen del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en 2022, adelantó el fiscal Manuel Doldán Breuer. Durante la Reunión de Ministerios Públicos del Mercosur, que se realiza en nuestro país, representantes de ambos países elaboran el instrumento de cooperación para indagar sobre el magnicidio.
El director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Paraguay, fiscal Manuel Doldán Breuer, en conversación con medios de prensa informó que el Ministerio Público de Colombia aceptó la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con su par paraguayo, a pedido de este último. Esto con el fin de llevar a cabo diligencias investigativas para llegar al instigador del crimen del fiscal de Crimen Organizado, , ocurrido en la Península de Barú, en Cartagena.
En otro momento, ante la consulta de quiénes serían los integrantes de dicho equipo, Doldán respondió que los miembros del ECI “se definirán cuando las Fiscalías terminen de negociar el instrumento de cooperación técnica, lo que podría darse luego de esta reunión”, haciendo referencia a la XXXV Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), que tiene lugar en Encarnación, departamento de Itapúa.
En otro momento, el fiscal Manuel Doldán refirió que los exhortos y cartas rogatorias que Paraguay había enviado a lo largo los más de dos años que transcurrieron desde la muerte de Pecci a las autoridades colombinas, ahora perdieron fuerza. “El ECI ahora cambia un poco la variable en lo que hace a los exhortos y cartas rogatorias que remitió Paraguay, porque pierden fuerza y a partir de ahora se hace todo en el marco del ECI”, sostuvo el director de Asuntos Internacionales.
Dentro de la conformación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) y del instrumento de cooperación, se deben defininir las atribuciones y la jurisdicción, teniendo en cuenta que el Derecho Penal establece la territorialidad de la ley y que las actuaciones se deben en el marco del respeto de estas.
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