En el marco de la pandemia, el Ministerio de la Defensa Pública asistió desde marzo del año pasado a 66 migrantes y refugiados que tuvieron inconvenientes por diversos motivos causados por el Covid.
Algunas de estas personas consiguieron, a través de Defensores Públicos, retornar a sus países correspondientes, otras salir del país para tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas, entre otros, de acuerdo con los datos de la Dirección de Derechos Humanos de esta institución.
La Defensoría General cuenta con un Equipo Especializado en Derechos de las Personas Migrantes y en Condición de Refugio, lo cual está compuesto por defensoras y defensores con compromiso humanitario para ayudar a los que necesitan de los servicios.
Esta acción estratégica tiene fundamento en el exponencial crecimiento del número de migrantes y solicitantes de asilo o refugio en nuestro país, circunstancia que ha generado situaciones que requieren de nuevas y mejores respuestas desde el Estado.
Las sedes de las oficinas de los defensores y defensoras, con el objetivo de garantizar a este sector vulnerable el goce de derechos y efectivo acceso a la justicia, funcionan en diversas ciudades del país, tales como J. Augusto Saldívar, Asunción, Lambaré, Caaguazú y Ciudad del Este.
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