SAN JOSÉ, Costa Rica (EFE). El procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, afirmó que la demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por supuestas torturas a dos activistas de izquierda no tiene sustento. “El relato en que se fundamenta la denuncia carece de veracidad. Los dichos de los manifestantes no son verídicos y no tienen ningún valor probatorio, no están cotejados con pruebas”, declaró Coscia.
Según la demanda elevada a la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los activistas de izquierda Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez fueron torturados entre el 17 y el 30 de enero de 2002. Ambos denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón. La misma había sido liberada tras el pago de un rescate de un millón de dólares, según aseguró su familia.
Coscia aseguró que la CIDH no solicitó toda la información judicial del proceso interno que se hizo en Paraguay por el caso del secuestro, y que ello constituye un error que debe ser considerado por la Corte IDH para absolver al Estado. Dijo que la justicia paraguaya investigó la denuncia de tortura de los dos activistas y al agotar el proceso” se confirmó que la versión (de los denunciantes) es falsa. “El Estado niega que haya incurrido en una falta para ser condenado”, expresó el procurador, quien rechazó que algún agente estatal haya participado en torturas. Acusó a Arrom y Martí de...
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