El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso un sumario y ordenó la suspensión sin goce de sueldo de dos jefas de sección y dos funcionarios de los Registros Públicos. Los mismos habrían falsificado sellos de la institución para habilitar la transferencia de un inmueble ubicado en Caaguazú, valuado en US$ 3.500.000, con la que supuestamente se intentó estafar a un banco.
Los funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos () sumariados sin goce de sueldo por el máximo tribunal son Patricia Candia, jefa de sección de Mesa de Entrada; Marlene Enciso, jefa adjunta de la sección Inmuebles; y los funcionarios Rubén Santacruz de Archivo Inmobiliario y el registrador Cesar Picaguá, encargado de practicar las instrucciones.
El Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial remitirá los antecedentes del caso al Ministerio Público para la apertura de una investigación por presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Según la denuncia presentada el lunes último por la Directora General de los Registros Públicos Lourdes González, ante la Corte Suprema de Justicia, la semana pasada en la institución a su cargo se intentó habilitar la transferencia de un inmueble de 14.000 hectáreas, ubicado en el distrito de Caaguazú, por US$ 3.500.000 a nombre de Jacob Thiessen, un colono menonita dedicado a la agricultura en la zona.
González detalló a ABC que la escritura pública de compra - venta de hipoteca del inmueble tuvo ingreso en Mesa de Entrada de los Registros Públicos el pasado jueves 24 de marzo y, siguiendo el trámite normal, fue a sección.
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