Este viernes (15 de marzo), la Corte Suprema de Estados Unidos presentó una nueva prueba para determinar cuándo las acciones tomadas por empleados gubernamentales en las redes sociales, como publicar mensajes, eliminar comentarios o bloquear usuarios, constituyen negocios oficiales versus conducta personal. La distinción se ha vuelto crítica a medida que millones de trabajadores de […]
Este viernes (15 de marzo), la Corte Suprema de Estados Unidos presentó una nueva prueba para determinar cuándo las acciones tomadas por empleados gubernamentales en las redes sociales, como publicar mensajes, eliminar comentarios o bloquear usuarios, constituyen negocios oficiales versus conducta personal.
La distinción se ha vuelto crítica a medida que millones de trabajadores de los gobiernos locales, estatales y federales utilizan cada vez más las redes sociales para comunicarse con el público, a menudo en cuentas de «uso mixto» que también incluyen contenido puramente privado y no oficial.
«Cuando un funcionario del gobierno publica sobre temas relacionados con el trabajo en las redes sociales, puede ser difícil saber si el discurso es oficial o privado», escribió la jueza Amy Coney Barrett en una opinión unánime en el caso Lindke v. Freed . «Sostenemos que dicho discurso es atribuible al Estado sólo si el funcionario (1) poseía autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretendía ejercer esa autoridad cuando hablaba en las redes sociales».
En resumen, explicó Barrett, la distinción gira en torno a «la sustancia, no las etiquetas».
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