Una licitación convocada por la Corte para la contratación de seguro contra todo riesgo habría estado dirigida para favorecer a empresas amigas de ciertos ministros. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas le ordenó al alto tribunal a modificar algunas cláusulas del pliego de bases y condiciones. El monto en juego es de casi 2 millones de dólares. El Consejo de Administración es el que se encarga del proceso.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia convocó a una licitación pública nacional, subasta a la baja electrónica, para la contratación de seguros contra todo riesgo. Se presentaron varias empresas, que se encontraron con la sorpresa de que en el pliego de bases y condiciones se incluyeron ciertos requisitos que solamente podrían ser cumplidos por determinadas empresas, que tendrían una muy buena y vieja relación con algunos ministros del alto tribunal, ya que hace varios años se benefician con la adjudicación para la prestación del mencionado servicio.
Uno de los requisitos más cuestionados por algunos oferentes es la “exigencia arbitraria” con respecto al “capital mínimo de 5 años atrás”, con lo cual se estaría direccionando la licitación a favor de ciertas firmas. En años anteriores la exigencia era de solo 3 años.
Ante esta situación, las firmas Patria SA de Seguros y Reaseguros y Panal Compañía de Seguros Generales SA protestaron ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
En la impugnación, las empresas señaladas más arriba dijeron que la Corte “no apunta a contratar a una empresa aseguradora sólida y solvente, sino que hace presumir la creación de un escenario propicio para cercenar la posibilidad de participación de varias empresas aseguradoras”.
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