La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde hace casi un año tiene en su poder una aclaratoria que debe resolver sobre el rechazo de una inconstitucionalidad que el año pasado había presentado el diputado liberal Milciades Duré, para frenar el juicio oral en el que está acusado junto al expresidente del Indert Luis Ortigoza y otros tres funcionarios por la compra de tierras de la firma San Agustín SA por G. 48.000 millones y que, a decir de la fiscalía, fue irregular y sobrevaluada.
Para el próximo 28 de setiembre el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Jesús Riera fijó la nueva fecha para el juicio, pero ante la inacción de la Corte el caso peligra su realización.
En noviembre del año pasado Duré presentó una inconstitucionalidad que fue rechazada, pero luego volvió a presentar una aclaratoria, que es la que falta resolver, para dar nuevamente luz verde al desarrollo de este proceso.
La acusación del fiscal René Fernández señala que el Indert realizó la compra de 5.000 hectáreas en Cordillera de la firma San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto, en diciembre de 2012. El Indert ya pagó G. 48.000 millones.
Pericias efectuadas revelaron que las tierras adquiridas son absolutamente inservibles para los fines de la reforma agraria.
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