La Corte Suprema rechazó “in limine” una inconstitucionalidad promovida por tres expolicías condenados por el robo de G. 1.850 millones de la empresa transportadora de caudales Prosegur, ocurrido en 2013. En consecuencia, queda firme la sentencia de entre 10 a 15 años dictada contra Joni Díaz Aranda, Pablo Daniel Díaz Cuevas y Yoni David Mereles.
La Sala Constitucional integrada por los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro y Raúl Torres Kirmser rechazó “in limine” la acción de inconstitucionalidad promovida por los agentes contra el Acuerdo y Sentencia N° 1215, del 6 de setiembre del 2016.
El fallo cuestionado declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por su defensa, contra la sentencia condenatoria.
“De los motivos expuestos por el accionante, se infiere que los mismos no constituyen motivo suficiente para la viabilidad de su petición, pues impugna un acuerdo y sentencia emanado de la Sala Penal de la CSJ, siendo el mismo irrecurrible por esta vía”, concluyen los ministros de la Sala Constitucional tras destacar la necesidad de evitar sentencias contradictorias.
El robo a la empresa Prosegur se perpetró el 21 de febrero de 2013 luego de que el chofer de esta firma Carlos González Mallorquín llevara el camión hasta el barrio Pilar de Lambaré y los policías posteriormente se alzaran con su botín.
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