El pasado miércoles se cumplió un año de que un Tribunal de Apelación anuló la audiencia preliminar del exdirector del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada Gral. (R) Ramón Benítez, y excluyó pruebas claves en el emblemático proceso por contrabando. El caso está en estudio en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
La sala penal integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia deben resolver si ratifican o anulan la decisión de la Cámara de Apelaciones de “mutilar” las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el emblemático proceso impulsado contra el ex titular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), y otros acusados por contrabando y otros delitos.
La resolución cuya nulidad solicita el Ministerio Público es el auto interlocutorio N° 295 del 17 de agosto del año pasado, mediante el cual los magistrados Emiliano Rolón, Óscar Rodríguez Kennedy y Cristóbal Sánchez anularon la audiencia preliminar y ordenaron la exclusión de varias pruebas ofrecidas por la Fiscalía, entre ellas las escuchas telefónicas a los investigados.
Los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera solicitan a la Corte que declare la nulidad del fallo recurrido, con el argumento de que es manifiestamente infundado, en base a lo que prescribe el artículo 478, incisos 2º y 3° del Código de Procesal Penal. Además, los fiscales piden a la Sala Penal que confirme el Auto Interlocutorio N.° 334 de fecha 12 de mayo de 2021, dictado por el juez José Agustín Delmás Aguiar, quien elevó la presente causa a juicio oral y público.
“El Tribunal de Apelaciones, al ordenar la exclusión de todas las evidencias de apoyo a la acusación, lo que hizo fue otorgar un sobreseimiento definitivo encubierto, es decir, materialmente, determinó la finalización del proceso, puesto que sin estos elementos probatorios, no se podrá fundamentar suficientemente la acusación, ya que fueron excluidos los principales elementos de convicción que la motivaron”, sostienen los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción en el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia.
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