La Corte Suprema de Justicia se niega a informar cuántos policías y guardias del Poder Judicial tienen los ministros a su disposición y cuántos están designados a custodiar sus casas. Alegaron que saberlo “resultaría en total desmedro” de su seguridad, pero no argumentaron qué norma jurídica establece un ámbito de reserva para esos datos.
A través de un email enviado el 17 de julio a la dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, requerimos saber la “cantidad de guardias del Poder Judicial y cantidad de policías asignados a cada uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, tanto a ellos como a sus viviendas”.
La solicitud se realizó atendiendo la seguidilla de casos conocidos en los cuales agentes de la Policía Nacional y guardias de seguridad pagados con fondos del erario público son designados como guardaespaldas de altos funcionarios, como los ministros de la Corte, e incluso muchas veces son utilizados para cumplir funciones domésticas, mientras en las calles cunde la inseguridad.
Sin embargo, lejos de proveer estos datos requeridos en el marco de la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública, los ministros resolvieron por medio de la Resolución 7269, del 18 de setiembre, denegar la solicitud. La decisión fue del presidente de la Corte, José Raúl Torres Kirmser, y de los ministros Antonio Fretes, Sindulfo Blanco, Miryam Peña Candia y Gladys Bareiro de Módica.
En el considerando de la resolución los ministros se escudan tras el dictamen de la directora de Asuntos Jurídicos de la Corte, Mirtha Morínigo de Florentín, con fecha del 10 de setiembre, en el cual “considera pertinente que dicha información resultaría en total desmedro a la seguridad de los ministros”. Empero, no se proveyó el dictamen ni se leen en la resolución las razones por las cuales se llega a esa conclusión.
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