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La Corte Suprema analiza posibles irregularidades en el caso del desmonte de 2.900 ha en el Chaco, tras donación de G. 50 millones para evitar juicio.
La Dirección Ambiental de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la jueza Fany Cáceres todos los antecedentes relacionados con el proceso que investiga el desmonte de 2.900 hectáreas en el Chaco paraguayo. En esta causa, la fiscal interina Laura Ávalos promovió la suspensión condicional del procedimiento para el imputado Miguel Bibolini a cambio de una donación de G. 50 millones, y pidió el sobreseimiento definitivo de su hija, Nicole Bibolini.
La magistrada se opuso a esta propuesta, alegando que el daño ambiental generado no podía ser subsanado de forma tan superficial, por lo que remitió el expediente a la fiscala adjunta María Estefanía González, quien deberá decidir si sostiene la postura inicial o si presenta una acusación formal.
La Dirección Ambiental, bajo coordinación del ministro enlace Víctor Ríos, debe elevar un informe sobre la actuación de los operadores de justicia involucrados. Este informe podría recomendar la realización de una auditoría para analizar si existieron irregularidades en la actuación fiscal. En caso de confirmarse anomalías, los antecedentes serán enviados a la Fiscalía General del Estado, que a su vez podría remitirlos a la Inspectoría General para el inicio de sumarios administrativos.
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