La misma Corte Suprema de Justicia frustró ayer la salida de prisión de seis supuestos sicarios fronterizos favorecidos con arresto domiciliario por un cuestionado juez de Capitán Bado. Hasta la Policía se rebeló y le avisó al magistrado que no acataría su peligrosa disposición.
La resolución que quedó sin efecto es la que emitió el viernes último el juez de Capitán Bado Manuel Marcos Fernández Arce, de 33 años de edad, quien concedió arresto domiciliario a seis supuestos sicarios: el paraguayo Marcos Paulo Valdez Moreira (25 años) y los brasileños Julio César Gomes (29), Ailton Botelhos Dos Santos (35), Felipe Diogo Fernandes Dias (25), Rafael De Souza (25) y Luciano De Souza Martins (26).
Estos supuestamente forman parte de la organización criminal comandada por el narco brasileño apodado Minotauro, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad de su país.
Todos ellos habían sido capturados el 7 de febrero de 2019 en un megaoperativo en Pedro Juan Caballero ejecutado por policías y fiscales de Crimen Organizado de Asunción. Uno de los crímenes atribuidos al grupo es, por ejemplo, el de la abogada de Jarvis Chimenes Pavão, Laura Casuso, quien murió en un atentado sucedido el 12 de noviembre de 2018.
Pese a que los detenidos ya habían sido clasificados como de alta peligrosidad y que incluso estaban recluidos bajo un régimen de máxima seguridad luego de un intento de rescate, el magistrado de Capitán Bado les favoreció al tomar intervención en la causa mientras interina a un colega de Pedro Juan Caballero durante la feria judicial que está aún en vigencia.
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