La Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado Marciano Lobo, quien impugnó dos resoluciones judiciales por considerar que vulneran los artículos 28 y 256 de la Constitución Nacional. Esto guarda relación con una aclaración emitida por la Corte Suprema de Justicia en respuesta a una denuncia […]
La Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado Marciano Lobo, quien impugnó dos resoluciones judiciales por considerar que vulneran los artículos 28 y 256 de la Constitución Nacional. Esto guarda relación con una aclaración emitida por la Corte Suprema de Justicia en respuesta a una denuncia del Colegio de Abogados del Paraguay sobre la actuación de la jueza Rosarito Montanía, quien dispuso la intercepción del teléfono celular del abogado Lobo en un proceso penal por drogas en el que era defensor de Juan José Dubini.
Lobo cuestionó los autos interlocutorios Nº 741/2022, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, y Nº 1643/2022, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Quinto Turno de la Capital. Su reclamo se centra en que ambas resoluciones omitieron identificar a las personas físicas responsables de la publicación de un comunicado del 6 de octubre de 2021 en la página web del Poder Judicial. En cambio, sólo se informó sobre las dependencias administrativas encargadas de su manutención y actualización.
Ante esta situación, el accionante sostuvo que dicha omisión afecta el derecho de acceso a la información pública y el control ciudadano sobre los actos del Poder Judicial. En su escrito, argumentó que la falta de identificación de los responsables contradice el principio de transparencia y limita la posibilidad de exigir rendición de cuentas.
Tras analizar la presentación, la Sala Constitucional determinó que el abogado cumplió con los requisitos legales exigidos en el Código Procesal Civil y en la Ley N° 609/95. En particular, señaló que Lobo fundamentó con claridad y precisión su planteamiento, justificando concretamente la lesión constitucional alegada y citando las normas que considera vulneradas.
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