Los legisladores colorados acusados por corrupción José María Ibáñez (diputado) y Víctor Bogado (senador) hace más de dos años traban la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si afrontan o no juicio oral. Ante los indicios de un ejercicio abusivo del derecho de los parlamentarios y sus defensores, la Corte ordenó auditar los dos procesos.
La auditoría dispuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte, integrado por Alicia Pucheta, Miryam Peña y Raúl Torres Kirmser, está a cargo del director de Auditoría del Poder Judicial, abogado Mario Elizeche, quien una vez terminado el trabajo tiene que elevar su conclusión a la Corte.
Los numerosos incidentes dilatorios presentados por los legisladores obligaron a las autoridades judiciales a abrir una auditoría a fin de sancionar a responsables.
La acusación contra Ibáñez, en el caso conocido como “caseros”, la fiscalía presentó el 24 de octubre de 2014. Sin embargo, mañana se cumplen dos años de la presentación del Ministerio Público, pero la audiencia preliminar aún no se pudo hacer, debido a las chicanas promovidas en la causa.
La audiencia preliminar se suspendió en cuatro ocasiones. El juez del proceso es Miguel Tadeo Fernández y la fiscala es Victoria Acuña.
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