Una vez más el presidente de la ANDE, Ing. Víctor Romero, fue citado a la Cámara de Diputados para discutir sobre el ya desechado proyecto de ley –mal llamado– “Fortalecimiento del Sector Eléctrico Paraguayo, que en realidad nada tiene que ver con el sector eléctrico sino más bien con un burdo intento de dotarle de súper atribuciones al presidente de la ANDE, y liberarle al Monopolio Estatal de todo control del Estado sobre sus gastos y contrataciones. Parece ser que nuestros diputados, ¡ya en campaña!, prefieren seguir con el coqueteo entre líderes sindicales y funcionarios de ANDE, antes de atender las urgencias que sufre el país debido a la inmensa inutilidad de la actual administración de la ANDE para llevar a cabo los proyectos necesarios para el refuerzo del sistema eléctrico paraguayo.
Los diputados Óscar Tuma y Pedro Britos deberían de estar legislando para todo el pueblo paraguayo y no para dar mayores privilegios a un grupo de presión sindical; deberían dejar de lado el coqueteo político y dedicarse a trabajar por el país. Es importante recordarle a los Sres. diputados que la ANDE esta lejos de ser “El sector eléctrico paraguayo”. Muy por el contrario, la ANDE, siendo un monopolio estatal burocrático, ineficiente y corrupto, lo único que ha logrado en las últimas tres décadas es anclar el desarrollo del sector eléctrico paraguayo.
El proyecto en cuestión –Ley de Fortalecimiento del Sector Eléctrico Paraguayo– es sin duda una “jugada populista” de un pequeño grupo de diputados para congraciarse con el inflado y pesado sindicato de la ANDE que conglomera a cientos de funcionarios que fueron nombrados, no por sus capacidades técnicas ni administrativas sino por ser amigos, parientes, amantes y correligionarios de cuantos gobiernos y administraciones se sucedieron en el Paraguay. Hoy día estos funcionarios solo resultan ser una inmensa e innecesaria carga administrativa para la ya deficiente empresa estatal; además de...
El proyecto de ley sindicalista debe ser enterrado; puesto que pretende dar completa discrecionalidad al monopolio estatal para contratar servicios, comprar bienes y materiales, erogar y distribuir bienes; chocando frontalmente con la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que fue diseñada justamente para evitar la discrecionalidad en los entes públicos, para combatir la corrupción y controlar el manejo de los bienes y recursos del Estado, que legítimamente les pertenecen a cada uno de los ciudadanos paraguayos.
Resulta grotesco cómo los sindicalistas pretenden una ley que les permita apropiarse completamente del patrimonio energético del Paraguay en confabulación con un pequeño grupo de diputados que prefieren intercambiar votos sindicales por una ley sin sentido.
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