En una reciente entrevista en Studio Noticias, el abogado Rogelio Ríos abordó las crecientes inquietudes ciudadanas sobre el sistema de estacionamiento tarifado en la ciudad de Encarnación, Paraguay. Este servicio, gestionado por el Consorcio Estacionamiento Sur, ha generado polémica debido a irregularidades legales, falta de transparencia y cuestionamientos sobre su legitimidad. A continuación, se resumen […]
En una reciente entrevista en Studio Noticias, el abogado Rogelio Ríos abordó las crecientes inquietudes ciudadanas sobre el sistema de estacionamiento tarifado en la ciudad de Encarnación, Paraguay. Este servicio, gestionado por el Consorcio Estacionamiento Sur, ha generado polémica debido a irregularidades legales, falta de transparencia y cuestionamientos sobre su legitimidad. A continuación, se resumen los puntos clave del debate, que reflejan el descontento generalizado de los encarnacenos.
Uno de los principales cuestionamientos al sistema es la inexistencia de comprobantes de pago por el uso del estacionamiento. Los usuarios realizan pagos a través de una aplicación móvil, pero no reciben un recibo que acredite la transacción. Según Ríos, esta práctica no solo genera desconfianza, sino que también plantea riesgos en términos de prevención de lavado de dinero. La plataforma utilizada, conocida como UPA, no estaría habilitada como medio electrónico de pago según un informe de la Ceprelat, lo que agrava las dudas sobre su legalidad.
“Cuando pago a través de una plataforma electrónica, esa plataforma debe estar legalmente habilitada por las instituciones de control que fiscalizan la prevención del lavado de dinero”, explicó Ríos. Sin comprobantes, no hay claridad sobre el destino de los fondos recaudados, que podrían ingresar directamente al patrimonio de la empresa o al municipio sin una justificación clara.
Otro punto crítico es el sistema de multas aplicado por los agentes de tránsito, coloquialmente llamados “zorritos”. Ciudadanos han reportado ser notificados con infracciones en menos de dos minutos tras estacionar, sin el supuesto período de tolerancia de 10 minutos que, según Ríos, no se respeta en la práctica. Estas multas, denominadas “pago voluntario”, carecen de un marco legal claro que especifique su destino o justificación.
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