La filtración del contrato firmado entre Conajzar e iCrop SA para “regularizar” tragamonedas del país confirma que el Estado cede sus atribuciones, flexibiliza exigencias e incluso de la propuesta inicial privada, además surgen indicios de que no se cumplen compromisos asumidos.
Contrato de tragamonedas confirma entreguismo de Conajzar a iCrop SA
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, y la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña, firmaron el contrato directo, sin concurso, para la “regularización” de tragamonedas el 3 de diciembre del 2020, dos meses después de la vigencia de la Resolución N° 34/2020 que autoriza la “nueva modalidad de explotación de tragamonedas en sitios diferentes de juegos de azar”. Los citados documentos se pueden encontrar en la página web de ABC Digital.
El plan consiste en el censo de las máquinas y su legalización mediante el cobro de canon para el Estado. Para ello, el acuerdo establece que a partir de la firma, la firma dispone de 3 meses para la explotación, caso contrario quedará revocada la autorización.
Sin embargo, la primera transferencia se realizó en mayo, según había informado Ortíz en un reporte dado a la Comisión de Hacienda del Senado, hace un mes, durante una reunión virtual. El presidente de Conajzar informó que existen más de 10.000 tragamonedas censadas en el país y que por primera vez ingresó al Estado G. 60 millones, por 700 máquinas catastradas. Esa diferencia en el nivel de operaciones entre censo y catastro no se detectó en el contrato, por lo que no se explica la recaudación por 700 máquinas, en vez de 10.000, si la empresa cumplió su compromiso.
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