La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe y dictamen sobre la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas, correspondiente al año 2021 a fines de agosto. Este informe detectó un total de 96 reportes de indicios de hechos punibles. Entre las instituciones evaluadas se encuentra el Ministerio de Educación, administrada por Eduardo Petta […]
La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe y dictamen sobre la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas, correspondiente al año 2021 a fines de agosto. Este informe detectó un total de 96 reportes de indicios de hechos punibles.
Entre las instituciones evaluadas se encuentra el Ministerio de Educación, administrada por Eduardo Petta (agosto del 2018 a marzo del 2021), Juan Manuel Brunetti (marzo del 2021 a marzo del 2022) y Nicolás Zárate (de marzo del 2022 hasta la actualidad). En análisis se realizó durante el periodo comprendido entre abril del 2019 a agosto del 2022, lo que lleva de gestión Camilo Benítez, contralor general de la República.
El principal aspecto llamativo del informe es que la cartera educativa realizó un evidente “maquillaje” en el Balance General del periodo 2021.
Uno de los aspectos es que la cartera educativa no destinó G. 27.972 millones como objeto de previsión en su Balance General correspondiente a los contratos de obras judicializadas por incumplimiento afectando la cuenta «Obras civiles en Ejecución». La CGR denunció la falta de seguimiento de MEC a las acciones administrativas y/o judiciales adoptadas por el reclamo de devolución del anticipo no utilizado en obras y los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual en la LPN 2/16, ID 305078, Contrato 4/17 empresa ITASA S.A. por G. 24 mil millones.
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