La Contraloría deberá proveer las declaraciones juradas de todas las autoridades electas por voto popular, entre el 2003 y el 2016, según la resolución dictada ayer, con voto dividido, del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala.
Los camaristas Gustavo Santander y Pedro Mayo Martínez votaron por la confirmación parcial del fallo, con modificaciones, mientras que el camarista Gustavo Ocampos votó por revocar de la resolución de primera instancia.
Los miembros del Tribunal dicen que la Contraloría debe las declaraciones juradas de todas las autoridades electas en los citados años.
Están, presidente y vicepresidente, senadores y diputados, gobernadores, concejales departamentales, intendentes y ediles, ordenadores de gastos de instituciones públicas, ministros y secretarios con grados de ministros.
También ministros de Corte, directores y consejeros de las binacionales, rectores, decanos y ordenadores de gastos de universidades, miembros de directorios del Banco Central, y del Banco Nacional de Fomento.
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