PROBLEMA. Actualmente queda a voluntad de los funcionarios que dejan sus cargos presentar sus declaraciones juradas.
Los funcionarios públicos deben presentar su declaración jurada para empezar a cobrar sus salarios, pero prácticamente queda a voluntad la actualización de los datos al dejar sus cargos, información que puede ser útil para detectar si hubo enriquecimiento ilícito. Ante esta barrera, la Contraloría General de la República analiza posibilidades para ejecutar las sanciones, recurriendo incluso a instancias judiciales.
La Ley 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de Bienes, y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos, establecía multas de 300 jornales y la inhabilitación de ocupar cargos públicos por 10 años para quienes no presenten los documentos, pero desde la modificación del 2022, no hay sanciones para los funcionarios que no actualicen los datos al dejar su puesto laboral.
Con la Ley 6919 se establecen multas de entre 20 y 100% del salario para quienes incumplen con el requisito.
“Estamos viendo eso con la Dirección Jurídica, apretando para ver qué podemos hacer porque no podemos seguir así”, dijo al respecto el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres.
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