Congreso reclama con fuerza pero los ministros ignoran las demandas de los casadeños

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados han instado al Ministerio de Defensa Nacional, al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General a proteger el patrimonio estatal ante la donación de tierras, evitando decisiones que violen las leyes. A pesar de esto, las autoridades siguen sin actuar contra los implicados en la entrega de tierras a empresas fantasma.

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados han instado al Ministerio de Defensa Nacional, al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General a proteger el patrimonio estatal ante la donación de tierras, evitando decisiones que violen las leyes. A pesar de esto, las autoridades siguen sin actuar contra los implicados en la entrega de tierras a empresas fantasma. El Congreso Nacional, a través de sus dos cámaras, ha aprobado resoluciones clave que demandan la protección del patrimonio estatal en el caso de la donación de tierras en Puerto Casado, según la Ley Nº...

Ambas cámaras han urgido al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría General y la Corte Suprema a cumplir con sus obligaciones legales y asegurar que las tierras sean protegidas conforme a la normativa. Estas tierras son vitales para los casadeños, quienes esperan convertirse en los legítimos dueños de sus propiedades.

Sin embargo, a pesar de estos llamados, el Ministerio de Defensa Nacional y la Procuraduría han retrasado cualquier tipo de acción contra los funcionarios involucrados en la entrega irregular de tierras a empresas de maletín. Estas empresas, registradas en paraísos fiscales, han accedido a tierras que están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, lo que representa una amenaza a la soberanía nacional.

En 2022, el Ministerio de Defensa remitió los antecedentes del caso a la Procuraduría General de la República, esperando que se tomaran medidas. Sin embargo, hasta ahora, tanto el ministro Óscar González Cañete como el procurador Marco Aurelio González no han hecho nada por sancionar a los responsables. Esta inacción ha permitido que el problema se perpetúe, a pesar de que existen pruebas claras de que funcionarios judiciales, de Registros Públicos y otros involucrados violaron las leyes al transferir las tierras.