La recién promulgada Ley 6575/2020 amplía el margen de preferencia para que un producto nacional cueste 40% más en las ventas públicas al Estado, lo que antes era solo hasta 20%(Ley 4558/2011); es decir, si el precio de un bien es de ₲ 1.000.000 el fabricante nacional puede venderlo a instituciones públicas en ₲ 1.400.000 […]
La recién promulgada Ley 6575/2020 amplía el margen de preferencia para que un producto nacional cueste 40% más en las ventas públicas al Estado, lo que antes era solo hasta 20%(Ley 4558/2011); es decir, si el precio de un bien es de ₲ 1.000.000 el fabricante nacional puede venderlo a instituciones públicas en ₲ 1.400.000 sin competir contra productos extranjeros o importados de igual o mejor calidad.
Como antecedente, esta iniciativa parlamentaria fue vetada de manera correcta el 26 de julio por el Ejecutivo, pero la Cámara de Diputados haciendo caso omiso a los argumentos negativos y perjudiciales de esta reforma votó por levantar el veto presidencial aprobando el aumento de 40% de preferencia. Esto demuestra la nefasta injerencia de lobbies del sector privado en las decisiones económicas del Estado en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la gran mayoría.
En ese sentido, la Ley 6575/2020 constituye lo que se denomina una “ayuda estatal”, que a nivel mundial está regulada a través de las leyes de ‘Libre Competencia’, considerando que el apoyo o la preferencia artificial a determinadas empresas frente a otras infringe la concurrencia económica en el mercado porque rompe la igualdad. En este caso, el proteccionismo crea barreras de entrada, limita el progreso técnico o tecnológico, desincentiva la inversión -entre otros-; por ende, las pocas empresas beneficiadas no tienen incentivos de mejorar e innovar.
Cabe recordar que el control de las ayudas estatales no fue incluido en la Ley 4956/2013 de ‘Defensa de la Competencia’, ya que la FEPRINCO (Federación de la Producción, la Industria y el Comercio) se opuso a tal inclusión. Sí, aunque parezca mentira y un mal chiste, en Paraguay la norma que regula la conducta de las empresas fue redactada por los propios empresarios, demostrándose la abyecta y funesta intromisión de los lobbies del sector privado.
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