El fiscal general, Emiliano Rolón, confirmó a los fiscales Silvio Corbeta, Marlene González y Jorge Arce en la causa que investiga al intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez, y otros, por un presunto perjuicio de G. 1.830 millones causado a la comuna durante la pandemia, en el caso más conocido como “detergente de oro”. El […]
El fiscal general, Emiliano Rolón, confirmó a los fiscales Silvio Corbeta, Marlene González y Jorge Arce en la causa que investiga al intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez, y otros, por un presunto perjuicio de G. 1.830 millones causado a la comuna durante la pandemia, en el caso más conocido como “detergente de oro”. El abogado Luis Achucarro Perina, defensor del imputado Jorge Ruiz Díaz Cabrera, exjefe financiero de la municipalidad de Asunción, fue el que buscó apartar a los agentes del Ministerio Público de la causa.
Según la Resolución FGE Nº 3883, Rolón Fernández explicó que el recurrente, abogado Luis Achucarro Perina, defensor del imputado Jorge Ruiz Díaz Cabrera, argumentó que la fiscal adjunta “no ha analizado sus argumentos respecto a la causal alegada”. Sin embargo, el fiscal general señaló que, para configurar la causal prevista en el inciso b) del artículo 57 del C.P.P., es necesario que exista una situación personal que afecte a los agentes fiscales, no una derivada de la actividad procesal o investigativa, ya que estas circunstancias corresponden a decisiones del titular de la acción penal y...
Agregó que, en cuanto a los cuestionamientos sobre la tramitación de la causa por parte de los agentes fiscales recusados, “los fiscales gozan de autonomía de criterio en su actuación ante los órganos jurisdiccionales, por lo que corresponde a ellos, como titulares de la acción penal pública, analizar los casos que llegan a su conocimiento, decidir sobre las diligencias a ser realizadas y presentar los requerimientos correspondientes, de conformidad con sus deberes y atribuciones legales, asumiendo igualmente todas las responsabilidades inherentes a su cargo”.
Rolón también destacó que las actuaciones de los fiscales y sus requerimientos están sujetos al control jurisdiccional, órgano encargado del control del proceso, al cual los recurrentes pueden acudir en el ejercicio de sus derechos procesales.
Leer la nota completa en El Observador
