Varios condenados por corrupción pública promovieron recursos ante la Corte Suprema de Justicia para dilatar el cumplimiento de sus penas, pese a que las sentencias ya fueron confirmadas. El Departamento de Estado de los EE.UU. cuestionó la benevolencia con los corruptos.
Condenas por corrupción no se ejecutan por acciones pendientes en la Corte
El informe emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la mora judicial, la y la impunidad endémica motivó al ministro de la Corte Manuel Dejesús Ramírez Candia a reflotar un proyecto de acordada que establece plazos para la integración de las salas de la máxima instancia judicial y la emisión de votos por parte de sus miembros, sobre todo en la Sala Constitucional.
El integrante de la Sala Penal había planteado dicho proyecto en el 2019, junto al ministro Eugenio Jiménez Rolón, atendiendo que los principales factores que causan la mora judicial son el excesivo retraso a la hora de integrar las salas de la Corte y la emisión de los votos para dictar las resoluciones, sobre todo en las acciones de inconstitucionalidad.
Cuestionó que son varios los jueces de Ejecución que no ejecutan las sentencias condenatorias, alegando la existencia de acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Dijo que este argumento es una “excusa que no tiene respaldo normativo” y afecta la imagen del Poder Judicial.
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