Casi once años después de haber sido perseguidos por el Gaeco (Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado), los ex investigadores de la Policía Civil José Adão Correa, Oclécio José de Farias y Ronieri Israel Adomaistis de Araújo fueron condenados por improbidad administrativa. La sentencia data del 26 de septiembre de este año, pero fue publicada en el Diário da Justiça el 8 de noviembre. En marzo de 2018 fueron despedidos de la corporación. Estaban apostados en la Comisaría de Coronel Sapucaia, a 396 kilómetros de la Capital.
Los policías acabaron siendo detenidos por Gaeco el 7 de diciembre de 2012, durante la operación Nhu-Verá. Se los sospechaba de corrupción pasiva, malversación de fondos, introducción de datos falsos en una base de datos de la administración pública y formación de una banda. Días después obtuvo el hábeas corpus y fueron liberados.
Sin embargo, el trío fue denunciado por el MPMS (Ministerio Público de Mato Grosso do Sul), que alegó que los acusados recibían habitualmente “ventajas indebidas, directas e indirectas” cuando trabajaban como investigadores policiales, además de utilizar su cargo para engañar a la gente. Con ello, transformaron la comisaría donde estaban destinados en “un auténtico mostrador de negocios turbios”.
Según la agencia, al menos en una de las ocasiones, también contaron con la colaboración de agentes de la policía militar que respondieron a un incidente relacionado con el uso de un documento falso. En ese momento, el caso fue remitido a la Policía Civil y los policías implicados recibieron un pago de R$ 5.000 por no registrar denuncia policial.
El caso fue juzgado el 26 de septiembre y los policías acabaron siendo condenados por falta administrativa. La sentencia fue firmada por la jueza del Distrito de Coronel Sapucaia, Mayara Luiza Schaefer Lermen, determinando pérdida de bienes o valores adquiridos ilegalmente, suspensión de 8 años de derechos políticos, pago de multa civil de hasta 3 veces el valor añadido a los activos (que aún está por determinar) y tienen prohibido contratar con las Administraciones Públicas o recibir beneficios e incentivos fiscales directa o indirectamente. - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS
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