Resulta muy significativa la actitud de la mayoría de los concejales de la Junta Municipal de Ciudad del Este, quienes en lugar de respaldar algunas acciones de la actual administración comunal para recuperar bienes de la ciudadanía que habían sido enajenados por el clan Zacarías, más bien buscan frenar o revertir el proceso. Lo sucedido con la Terminal de Ómnibus esteña, recuperada recientemente por la Intendencia, pero que ahora la Junta ordena devolver a la empresa ligada al grupo político investigado por corrupción, es un lamentable ejemplo de esta situación. Los pobladores de la capital del Alto Paraná deben tomar muy en cuenta a quién defienden los que dicen ser sus representantes.
El contrato, que había sido renovado por la intendenta Sandra Zacarías hasta diciembre del 2023, según la actual administración fue rescindido como medida de urgencia “ante las millonarias pérdidas económicas que generaba la concesión del predio municipal”. La medida se basó en una intervención previa de organismos técnicos que reportaron graves faltas de iluminación, agua, mantenimiento del edificio, mal estado de los sanitarios, malas condiciones del asfaltado interno, deficiencia en las instalaciones eléctricas y otras situaciones que “ponen en riesgo la salud, seguridad y vida de las...
El acto fue considerado como la recuperación de un bien de la ciudadanía que había sido enajenado por un sector ligado al grupo político del senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, actualmente investigados y procesados por presuntos hechos de corrupción, quienes por 17 años manejaron la administración comunal de Ciudad del Este, entre otras instituciones de poder en la región. McLeod fue destituida como intendenta tras una intervención del Poder Ejecutivo, con aprobación del Congreso, que comprobó varias irregularidades. Hubo que proceder a nuevos comicios para completar el...
Tras la recuperación de la administración de la Terminal, entre el viernes 19, desde las 17.00, y el sábado 20, a las 18.00, la Comuna pudo recaudar 14.027.000 guaraníes, que ingresaron a las arcas municipales y que se destinarán a reparar los daños comprobados y en mejorar los servicios para los usuarios que utilizan diariamente los servicios y la infraestructura del local.
Lo llamativo es que, en una sesión extraordinaria llevada a cabo el lunes siguiente, una mayoría de miembros de la Junta Municipal ordenó al intendente Miguel Prieto que devuelva la administración de la Terminal de Ómnibus a la empresa concesionaria Itá Paraná. Paralelamente, la empresa denunció judicialmente al jefe comunal por extorsión, lesión de confianza y otros delitos.
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