La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) mantiene vigente el contrato con la “concesionaria” iCrop, para censo y catastro de “tragamonedas”, pese a sospechas de que se trata de una empresa de “maletín” y al pedido expreso del Senado de la suspensión de dicho acuerdo.
La senadora Esperanza Martínez afirmó ayer que no tuvo respuesta a su pedido de suspensión del contrato entre iCrop SA y Conajzar, referente a las máquinas “tragamonedas”, realizado formalmente el martes durante la sesión de la Cámara Alta. Ante la falta de claridad del alcance y los límites del acuerdo, desde el Senado se pidió la suspensión del contrato, la intervención de la Fiscalía y el envío de reportes de Contraloría y Hacienda al respecto.
La legisladora sostuvo que las evidencias apuntan a que se trata de un montaje para una “privatización irregular, monopólica y dirigida para alzarse con millonarias ganancias”. Es que la firma iCrop es “concesionaria” de la Conajzar, pero para una concesión propiamente debe haber una ley, en tanto que en este caso solo hubo una resolución, según las explicaciones.
En esa misma sesión del Senado incluso se habló de un posible lavado de dinero, en el que el “modus operandi” sería reportar una mayor cantidad de máquinas “tragamonedas” de las que realmente existen en el país, para “limpiar” el origen de billetes obtenidos de actividades ilegales.
Sobre el pedido de suspensión, Omar Mongelós, miembro de Conajzar, indicó a ABC que eso no se discutió en el seno del comité, como tampoco los cuestionamientos sobre la operación. Este documento ni siquiera ha sido socializado a la ciudadanía, a través de la prensa, para conocer los detalles del acuerdo con esa misteriosa empresa de la que poco y nada se sabe y que nace como iCrop recién en el año 2018, poco antes de la firma de contrato con Conajzar.
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