Fue convocada para hoy la Cámara de Diputados para votar, por tercera vez, sobre la propuesta de enjuiciar políticamente a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por su notorio encubrimiento a las presuntas actividades delictivas que se atribuyen a su mentor, Horacio Cartes, reconocido el viernes último como “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos.
Con Sandra Quiñónez se debilita la lucha contra el crimen organizado
Ese Gobierno constató que los numerosos elementos que se le atribuyen, conocidos de sobra por el pueblo paraguayo, son suficientemente importantes como para situar a nuestro expresidente en la lista de indeseables, tal como ya lo hizo anteriormente con los expresidentes de Ecuador, Abdala Bucaram, y de Honduras, Orlando Hernández. En la semana que concluye, también realizó la misma designación con 60 altos funcionarios centroamericanos. Es evidente que para esto no existió presión mediática alguna, como lo quieren hacer entender algunos defensores del cartismo, sino que el Gobierno...
En el caso del expresidente paraguayo, Washington señala la “obstrucción de una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional”, desde la presidencia de la República, como hecho puntual, y es sabido que Sandra Quiñónez no ha impulsado investigación penal alguna al respecto. Es contundente también la referencia a “lazos con organizaciones terroristas”.
El caso del asesinato del militante liberal Rodrigo Quintana, en el marco de un asalto policial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, es un ejemplo de cómo ese poderoso grupo, valido de fiscales complacientes, está impidiendo hasta ahora que los autores morales del crimen sean responsabilizados.
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