Este miércoles, comparecieron ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional el ministro de Defensa, Gral. (SR) Bernardino Soto Estigarribia y el Comandante de la Armada, almirante Carlos Velázquez, para hablar sobre las actuaciones de la institución ante la muerte del suboficial de la marina Marcos Gabriel Agüero González durante la balacera entre contrabandistas y marinos en Ciudad del Este (CDE) además de las denuncias de torturas hechas por los detenidos como sospechosos del crimen. Ambas autoridades señalaron que los militares tenían competencia para intervenir y dijeron que el caso tortura se está averiguando.
El senador Víctor Ríos presidió la sesión de la fecha de la comisión de Asuntos Constitucionales en la que el comandante Carlos Velázquez respondió las preguntas de los senadores sobre los hechos que llevaron al fallecimiento de un marino en un enfrentamiento con contrabandistas y también la denuncia de varios detenidos que alegan haber sido torturados por militares.
El comandante explicó que existe un sumario abierto en la institución para aclarar los hechos sucedidos en la noche del 16 de julio cuando ocurrió el enfrentamiento en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Según expresó, la Marina es la más interesada en que se investiguen los hechos para dar respuestas a todos los involucrados. Indicó que no se puede establecer una fecha límite para concluir el sumario, porque aún los asesores jurídicos están trabajando en todos los procesos pertinentes.
“Sí se abrió un sumario de prevención. Se trata de una operación militar. Nuestro objetivo era salvar vidas y evitar que eso fuera una masacre”, subrayó. Relató que el incidente contra los contrabandistas fue de gran magnitud, un operativo programado y preestablecido por los delincuentes que “acorralaron” al personal militar.
En otro punto explicó, que durante los eventos de esa noche, los militares contaron con el apoyo de la Policía Nacional, pero que la intervención fue hecha por la Armada que ante el delito flagrante era la autoridad competente. “La ley que nos faculta a nosotros a hacer ese tipo de procedimientos es la ley de Organización de la Prefectura General Naval, la 1158 del año 85, habla de la responsabilidad y hasta donde nosotros podemos actuar cuando hay flagrancia”, subrayó.
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