Además si estamos exigiendo que el Estado que utilice de la mejor manera los recursos públicos, es una absurda contradicción coaccionarlo para que utilice materiales más costosos y menos prácticos para la ejecución de las obras públicas. El tiempo nos ha demostrado, en todos los ámbitos, que simplemente es imposible frenar el avance de la tecnología, no podemos quedarnos en el tiempo por lo que cualquier resistencia a las innovaciones y a los cambios sólo nos estanca o retrasa. Mientras lo veamos como un peligroso enemigo y nos resistimos vamos quedarnos al margen de las enormes oportunidades que pueden significar mejor calidad de vida.
La Asociación de Oleros y Ceramistas logró un acuerdo con el gobierno para que en las obras públicas se utilicen preferentemente ladrillos de producción local. Esto luego de una serie de manifestaciones de los miembros la citada agremiación, en contra del uso de materiales prefabricados importados en las construcciones públicas.
Según los profesionales de la construcción, los materiales prefabricados tienen muchas ventajas como calidad de resistencia comprobada, disminución de los plazos de ejecución de la obra, reducción de equipos de obra, además es más barato, entre otras bondades.
Avances e innovaciones como la utilización de materiales prefabricados facilitan enormemente la vida de muchas personas, se economizan tiempo y dinero. Por lo tanto, no se puede coaccionar a nadie y mucho menos al Estados a prescindir de ellas con el argumento de que se perjudica a un grupo se quedó en el tiempo con su modelo de negocio.
Con este acuerdo lo único que se está fomentando es que esos trabajadores se queden en su molde, en su zona de confort, en vez de buscar la manera de que se abran a un sinfín de posibilidades que ofrece la tecnología.
Leer la nota completa en Vanguardia
