EFE BUENOS AIRES La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos por parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei. El 1% restante se destina al denominado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo objetivo es atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional y no automática -no hay porcentajes preestablecidos de distribución. Es decir, la conformación del fondo ATN es automático (todos los meses se incorporan fondos derivados de la masa coparticipable de recaudación), pero su distribución por parte de la Administración nacional de turno es discrecional. Si bien el Ejecutivo nacional no puede destinar los recursos del fondo ATN a otros fines, los recursos no distribuidos disminuyen el gasto público nacional y, por lo tanto, pasan a formar parte del resultado fiscal. De esta manera, el Gobierno nacional pasaría de tener este año un superávit fiscal primario del 1,60% del PIB proyectado como objetivo por el Ejecutivo al 1,49% del PIB, resultado que estaría de todos modos por encima del 1,30% del PIB que el Fondo Monetario Internacional fijó como meta para 2025. También se aprobó el proyecto sobre los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entre otros que buscan dotar de más fondos a las provincias.
La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos por parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei. La pelea se centra en los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Estas son las cinco claves para entender los alcances de la discusión que este jueves comenzó en el Senado argentino:
Las normas de Argentina establecen que el 42,34% de la recaudación por tributos federales queda en las arcas del Gobierno nacional.
Otro 56,66% es “coparticipable”, es decir, debe ser repartido entre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires en forma automática y según porcentajes establecidos por una ley aprobada en 1988.
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