El término defraudar está definido por la Real Academia Española como “privar a alguien, con abuso de su confianza o infidelidad de las obligaciones propias, de lo que le toca en derecho”. Algunos de sus sinónimos son estafar, timar, robar. Otro significado es “frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo”. Ambas acepciones le calzan como anillo al dedo a la mayor parte de la clase política en los tres poderes públicos, con el triste agregado de que lo hacen con total desfachatez, apropiándose impúdicamente de los recursos aportados por los contribuyentes y burlándose en la cara del 90% de las fuerzas vivas, que no viven del Estado, pero que trabajan para mantenerlo. El último insultante espectáculo fue el del tratamiento del tema “antinepotismo” en el Senado.
Por iniciativa popular, con más de 60.000 firmas avaladas por la Justicia Electoral, se había presentado un proyecto de ley que establecía sanciones concretas para la urticante práctica del nepotismo, a raíz de la amplia indignación que provocaron en la ciudadanía los casos de los llamados “nepobabies”, como los de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR, cartista); Ronald Solinger, hijo del diputado Germán Solinger (ANR, cartista); Elías Godoy, hijo de la diputada Roya Torres (PLRA); Silvana y Liliana Busto, hija e hijastra respectivamente del...
Sin ningún pudor, siendo que su propio estamento es el que está en el ojo de la tormenta, la mayoría cartista con sus aliados desnaturalizó completamente el proyecto en la Cámara de Senadores, le quitó todo posible castigo para los que se valen de sus influencias para repartir cargos públicos a sus familiares y allegados, y en su lugar aprobó uno anodino, casi declarativo, que no agrega absolutamente nada a lo que de por sí ya está vigente, que todos ya deberían de por sí cumplir y que descaradamente no cumplen.
Y he aquí lo más grave. La restricción y prohibición del nepotismo está plenamente contemplada en la legislación paraguaya, entre otras en la ley de la función pública y en la llamada “ley Godoy” de racionalización del gasto público, pero los congresistas se han autoexonerado sistemáticamente del cumplimiento de esas normativas que ellos mismos cínicamente sancionaron, por lo que no existe ninguna esperanza de que en esta ocasión vayan a actuar de manera diferente.
Subrepticiamente, el Congreso introdujo la expresa excepción de la obligación de atenerse a las citadas dos leyes, para sí mismo y para el Poder Judicial, en el articulado de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación 2021, 2022, 2023 y 2024, todas ellas promulgadas por el presidente de la República, las tres primeras por Mario Abdo Benítez y la última por Santiago Peña.
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