La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado paraguayo a pagar a los supuestos fundadores del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la suma de USD 63 millones.
Aparentemente, Juan Arrom y Anuncio Martí fueron los hombres que concretaron el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, así como el cuidado de la víctima, mientras duró el ilícito en el 2001.
Tras el pago de una elevada suma de dinero requerido por los delincuentes, la Policía Nacional rodeó la vivienda de estos los sujetos nombrados ya que presumían que en su interior movilizaban aún el monto entregado.
Fue por esta acción de un pelotón, la consecuencia de que Arrom y Martí se refugien desde hace 16 años en el Brasil, sin embargo, ya se tramita la extradición de estas personas ya que se manejan pruebas comprometedoras en su contra y que revelarían su autoría en el secuestro contra Bordón de Debernardi.
Ante este hecho de la Policía, ambos demandaron al Estado ante la CIDH que falló a favor de estos, por lo que recomienda al país que se les pague USD 63 millones, más gastos de asistencia psicológica para estos sujetos, así como el nuevo proceso que debe ser abierto para que este hecho no quede impune.
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