ASUNCIÓN- El proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público, aprobado en el Senado, enfrenta posiciones encontradas entre el Gobierno y los
ASUNCIÓN- El proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público, aprobado en el Senado, enfrenta posiciones encontradas entre el Gobierno y los trabajadores del sector. Mientras la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, asegura que la normativa garantiza los derechos laborales, incluidos los relacionados con la huelga, dirigentes de la Federación Unitaria de Trabajadores de Transporte (FUTT) advierten que podrían convocar un paro general si la ley se aprueba sin modificaciones, señalando posibles restricciones a la protesta y riesgos de despidos masivos.
En entrevista con el programa “Fuego Cruzado”, por canal GEN, la ministra explicó que la ley no vulnera la Constitución ni los convenios de la OIT, ya que contempla un esquema de servicio mínimo durante huelgas: 70% de cobertura en horas pico y 60% en horarios normales. Según la ministra, estos porcentajes fueron definidos por el Viceministerio de Transporte con base en estudios técnicos y no responden a criterios políticos. “No se va a violar el derecho a huelga con la ley de transporte”, enfatizó, recordando que el Código del Trabajo sigue siendo la columna vertebral de las garantías...
Sin embargo, los sindicatos cuestionan la medida. Hugo Zayas, secretario de Educación de la FUTT, aseguró que “una huelga con 70% de buses en circulación deja de ser huelga” y calificó los porcentajes como “una restricción inaceptable”. Por su parte, Juan Godoy, presidente del citado gremio, acusó al proyecto de constituir “un negociado económico tremendo” que beneficiaría a determinados grupos empresariales a costa de los trabajadores.
Otro punto de fricción es la reorganización del sistema en consorcios que reemplazarían a las actuales empresas. Recalde indicó que el artículo 39 del proyecto contempla la sustitución del empleador para choferes con dos años de antigüedad, lo que garantiza la continuidad laboral de ese personal. Sin embargo, los dirigentes sindicales reclaman que la obligación se extienda a todos los empleados -administrativos, mecánicos y demás trabajadores- sin importar su antigüedad ni área de desempeño.
Leer la nota completa en ADN Digital
