En Chile, la tensión en el sur del país no da respiro al Gobierno de Gabriel Boric. Los hechos de violencia por parte de indígenas radicalizados tuvieron por consecuencia que el miércoles (29.06.2022), el Parlamento chileno votara a favor de la cuarta extensión del estado de excepción en la región de La Araucanía, y en las provincias de Arauco y del Biobio.
El pueblo originario reclama al Estado chileno tierras que consideran ancestrales y que han sido entregadas a empresas de explotación forestal y agrícola. A pesar de que el Gobierno de Boric anunció en mayo un amplio plan de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la violencia no cesa.
A nivel político, "esto es obviamente una señal de que la estrategia de ‘pura zanahoria y cero garrote' no funciona”, dijo a DW Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Santiago de Chile. "Este nuevo elenco de izquierda joven que lidera el presidente Boric siempre fue muy crítico de las estrategias represivas de los gobiernos anteriores, tanto de la concertación como de la derecha, y apostó a un enfoque de diálogo en la zona sur”. Sin embargo, "ahora se ve obligado a recurrir a esas mismas herramientas”, añadió Bellolio, si bien no planea...
Manifestantes de pueblos originarios chocan con la Policía chilena en Valparaíso en 2021.
Para Bellolio, la señal política de esta extensión del estado de emergencia "es un mensaje a la opinión pública de que el Gobierno ya no es ingenuo, y que entiende que, a veces, por más que duela, hay que imponer el Estado de derecho por la fuerza”. La gente "necesita vivir con una sensación de orden público y seguridad”, subraya. Sobre todo en este momento, ya que Chile se enfrenta a un aumento de la criminalidad en la frontera norte y a la aparición de un relacionado con el narcotráfico, que comete homicidios perpetrados con una violencia inusual en el país sudamericano.
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