No es ningún secreto que el territorio chaqueño fue desde tiempos inmemorables zona de generosa repartija estatal. Mientras más se retroceda en la historia, más se evidencia el descaro con el que con abundantes hectáreas se premió la lealtad al partido de turno, con tierras que tal vez ya tenían dueños, pero no derechos.
Actualmente, no ha cambiado nada. La estrategia de obtención de tierras estatales o áreas protegidas con los años tomó oscuros caminos que desembocan en un laberinto de papeles, documentos falsificados, documentos duplicados y una mafia que vende y revende tierras con un afán avaricioso en donde la red que participa se reinventa y se moderniza.
Un claro ejemplo es la denuncia ocurrida como muchos otros en la zona del Pilcomayo, departamento de Boquerón. El caso de Dionicia Maíz, ocupante de cuatro décadas de su tierra, que ahora enfrenta la invasión de no solo uno, sino dos entidades más que dicen ser las dueñas de las tierras en donde ella y su familia vivieron toda su vida.
El atropello que se realiza de forma grotesca con armas y maquinaria pesada de por medio aplana todas las garantías hechas en la propia Constitución Nacional y da prioridad a documentos tan dudosos que ningún juez o autoridad se atreve siquiera a revisar a fondo el caso.
El mutismo que envuelve la causa es agudo y no deja dudas de que es un caso cocinado, como muchos otros en donde buscan agotar a los ocupantes originales y desgastar sus recursos hasta que no tengan otra opción que marcharse o vender sus valiosas hectáreas a precio de banana porque la justicia para los pobres no existe.
Leer la nota completa en Diario ABC
