Mientras una mayoría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González (Independiente) contra su expulsión del Senado, existe un documento clave que llegó a una conclusión diametralmente opuesta hace dos años: el dictamen de la Fiscalía General del Estado.
Lejos de respaldar el procedimiento utilizado por los 23 senadores que votaron la pérdida de investidura de la legisladora opositora el 14 de febrero de 2024, la representante del Ministerio Público, , concluyó que la decisión fue adoptada en violación de normas vigentes y de principios constitucionales fundamentales, por lo que recomendó a la Corte expresamente hacer lugar a la acción presentada por González.
El dictamen fiscal adquiere una relevancia especial porque rebate uno de los argumentos centrales utilizados por quienes defendieron la legalidad de la expulsión: que la reglamentación interna que establecía requisitos específicos para una pérdida de investidura no estaba vigente al momento de la votación.
La fiscal adjunta analizó la Resolución Nº 429, aprobada por el Senado el 20 de diciembre de 2023, mediante la cual se reglamentó el procedimiento para la pérdida de investidura de legisladores.
Según el dictamen, la propia resolución establecía de manera expresa que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, es decir, el 21 de diciembre de 2023. Además, señala que la normativa nunca fue derogada, suspendida ni declarada inconstitucional por autoridad competente.
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