Pedro Pablo Cortés
Ciudad de México, 24 ago (EFE).- El caso del líder opositor mexicano Ricardo Anaya, que afronta una posible pena de hasta 30 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, revive el fantasma de la persecución contra la oposición en México, pero también las acusaciones de corrupción de políticos del pasado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este martes que persiga a sus opositores después de que Anaya, que ahora está en un autoexilio, lo acusó de querer encarcelarlo para que no compita en las próximas elecciones presidenciales de 2024.
«No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y, si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir ‘ya me voy’», manifestó en su rueda de prensa.
La polémica ha llegado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, donde la coalición opositora Va por México denunció este lunes el «uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores».
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