“Creo que hay pruebas para la condena, no sé si a todos, pero sí para condenar”, consideró el abogado y docente penalista José Ignacio González Macchi, evaluando el caso Audios, cuya sentencia está a punto de definirse en contra de los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, además de otros acusados. Afirmó que si se da una eventual absolución por mala presentación de las pruebas o “tecnicismos procedimentales” hay que convivir con ello, independientemente del sentimiento de justicia o no que pueda generar en la ciudadanía, que también suele dar una “condena social”.
Caso Audios: Hay elementos para condena judicial o al menos social
El abogado penalista indicó que ve puntos flojos tanto en el trabajo de la Fiscalía como en el de las defensas de los acusados, y que cree que mucho pasará por la evaluación que haga el Tribunal sobre la validez de las pruebas admitidas. “Si el tecnicismo favorece al sujeto acusado, es algo que yo como hombre de derecho tengo que respetar”, dijo González Macchi, aunque agregó que muchas veces las defensas tampoco saben aprovechar dichos tecnicismos.
Por otra parte, “si a mi me hubiese tocado estar enfrente, hubiese buscado una mejor forma de presentar mi caso y aquí estoy tirándole un poco de leña al fuego a la Fiscalía”, sostuvo. Es de público conocimiento que durante el juicio oral contra González Daher, Oviedo Matto, el exsecretario de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernandez Lippmann, y el abogado Carmelo Caballero, la Fiscalía cometió una serie del al menos “deslices”; uno de los más burdos, por ejemplo, fue el de no tener la contraseña de una computadora para presentar video probatorios, los cuales los agentes...
También es de destacar que los audios filtrados que destaparon el caso no fueron incluidos como pruebas en sí, ya que no fueron hechos con orden judicial. González Macchi opinó más bien desde el aspecto penal, en el cual se especializa, y dijo que si las reglas de juego establecen que los acusados no pueden ser condenados sin pruebas legales, debe respetarse, independientemente al derecho a apelar que eventualmente tenga la Fiscalia.
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