La Seprelad resolvió que las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a dar créditos, prestar dinero o administrar carteras de crédito deben registrarse ante ella. Tuvieron que pasar veinte años para que advierta que las llamadas “casas de crédito” pueden servir muy bien para cometer el delito que está encargada de combatir. Sin embargo, la disposición debe ser aplaudida, y ahora es de esperar que la carta orgánica del Banco Central sea rápidamente actualizada, para que pueda controlar esas entidades, que cobran unas tasas de interés usurarias de entre el 85 y el 87%, superando así el doble del límite fijado por dicho organismo técnico. Hoy en día, son más de 173 y su cartera asciende aproximadamente a 376 millones de dólares anuales, equivalentes al 5% del mercado financiero y bancario, favorecida por la Ley N° 5476/15, que impuso a los bancos un tope al interés que pueden cobrar por las tarjetas de crédito. Esta ley populista, de un saque expulsó a unos 80.000 usuarios de menores ingresos del sector financiero formal, quienes terminaron cayendo en las garras del informal, donde son esquilmados impunemente. Las consecuencias de esta ley sugieren que ella sea derogada.
A buena hora, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) resolvió que las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a dar créditos, prestar dinero o administrar carteras de crédito deben registrarse ante ella, porque están regidas por la Ley N° 1015/97, modificada por la N° 3783/09.
Tuvieron que pasar veinte años para que advierta que las llamadas “casas de crédito” pueden servir muy bien para cometer el delito que está encargada de combatir. Sin embargo, la disposición debe ser aplaudida, y ahora es de esperar que la carta orgánica del Banco Central sea rápidamente actualizada, para que pueda controlar esas entidades, que cobran unas tasas de interés usurarias de entre el 85 y el 87%, superando así el doble del límite fijado por dicho organismo técnico. Hoy en día, son más de 173 y su cartera asciende aproximadamente a 376 millones de dólares anuales, equivalentes al...
La resolución de la Seprelad obliga a las personas jurídicas a presentarle sus estatutos, una constancia de inscripción en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la nómina de sus socios o accionistas, así como la de sus directorios; aparte de la constancia de inscripción en la SET, las personas físicas deben entregar una declaración jurada de bienes, obligaciones e ingresos, con documentos que demuestren el origen de los fondos empleados para integrar el capital.
Se dirá que la administración tributaria ya conoce a los “dueños” de las casas de crédito, pero ocurre que a ella no le interesa de dónde sacaron o sacan su dinero quienes aparecen como contribuyentes. En la mayoría de los casos son meros prestanombres, pero lo decisivo es que se sepa de dónde salió el dinero para montar el lucrativo negocio que, por cierto, también puede servir para financiar el terrorismo.
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