El plan del oficialismo de copar las instituciones del Estado avanza rápidamente luego de violar abiertamente la Constitución para sacar a sus adversarios políticos la representación que tienen de ambas cámaras del Congreso ante el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El presidente Horacio Cartes allana el camino para tener un fiscal general del Estado a su medida. También busca tener el control en el Jurado para encubrir a fiscales y jueces ligados al narcotráfico y extorsionar a aquellos que no son parte de la rosca.
El oficialismo colorado logró dominar el Congreso y desplazar a sus oponentes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por medio de la repartija de cargos y cambio de favores a sus aliados.
El cartismo y el llanismo iniciaron el plan de atropello a la Constitución Nacional en la Cámara de Diputados. Revocaron la representación que tenía ante el Consejo el ahora disidente Julio Javier Ríos y designaron al cartista Clemente Barrios.
Mientras la alianza cartista y liberoluguista en la Cámara de Senadores revocó el mandato del disidente colorado Enrique Bacchetta y ubicó a liberal llanista Enzo Cardozo, acusado por una millonaria “tragada” cuando era ministro de Agricultura durante el gobierno de Fernando Lugo.
La Carta Magna claramente señala en su Art. 263º que los miembros del Consejo durarán tres años en sus funciones y en el Art. 225º que solo pueden ser removidos por el procedimiento del juicio político.
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